Por: Kenneth Burbano Villamarín
Director Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional U. Libre.

Todas las formas de violencia ejercida sobre los niños y niñas son reprochables y merecen sanciones; frente al homicidio, el secuestro y los delitos sexuales las penas deben ser severas. El acto legislativo sobre cadena perpetua para delitos sexuales contra menores es contrario al cimiento axiológico del Estado social de derecho, desconoce la dignidad humana en cabeza de la víctima y el victimario; la integridad personal; la igualdad frente a la ley; la prohibición de aplicar penas imprescriptibles y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

La reforma al artículo 34 de la CP, contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano; en los tratados se propugna porque las penas privativas de la libertad tengan como finalidad la readaptación social de los condenados, la eliminación de la prisión perpetua y se dispone la progresividad de los derechos esenciales de la persona; por ello, se debe racionalizar la detención preventiva y las condenas.  En este sentido, establecer una sanción penal que no se dirija a resocializar al condenado por medio de la retribución penológica, sin que lo redima el paso del tiempo, es contrario a los fines de la Constitución; en consecuencia, se sustituye la Constitución y se altera el sistema penal.

El aumento o endurecimiento de las penas no tiene capacidad de disuasión, basta mirar el narcotráfico o los homicidios; la creciente criminalidad se aborda desde la educación, el fortalecimiento del sistema judicial y con una política criminal seria a la par con la protección de los niños, quienes son víctimas de los delitos sexuales especialmente en su núcleo familiar. La cadena perpetua es inoportuna, la administración de justicia tiene graves problemas funcionales como la congestión, la insuficiencia de investigadores especializados en este tipo de conductas, el error judicial, el hacinamiento carcelario, los costos económicos y la sostenibilidad, solo para mencionar algunos factores. La cadena perpetua no cumple con la finalidad de protección de los niñas y niñas.

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