Por:  Laura Milena Aldana González | Monitora del área de sociales | Miembro del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

23 de Septiembre de 2019

A partir del 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz inició la recepción de informes sobre violencia sexual por parte de la Fiscalía General de la Nación y diferentes organizaciones que buscan visibilizar los delitos cometidos durante el conflicto armado por las FARC-EP y agentes del estado, reivindicando así los derechos de las víctimas; en especial las personas que fueron afectadas de manera diferenciada como lo son las mujeres, niños, indígenas, afrocolombianos, LGBTI y líderes sociales.

La JEP se encarga de realizar un estudio detallado de los informes e inicia las investigaciones pertinentes; dentro de sus funciones tiene la facultad de declarar indultos y amnistías para aquellos delitos que tengan conexidad con el conflicto armado como lo es la rebelión o asonada o, por el contrario, abstenerse de la aplicación de amnistía o indulto en delitos de lesa humanidad y de violencia sexual, según el Acuerdo Final de Paz.

Recientemente la JEP negó la solicitud de amnistía interpuesta por Oscar Enrique de Lima Contreras, ya que según la Comisión étnica y la Comisión de Género de la JEP, está acusado de delitos sexuales y de reclutamiento ilícito en contra de una menor perteneciente al grupo indígena “Wayuu” y no contaba con los requisitos para recibir este beneficio. La JEP expresa que la violencia sexual es una forma de mostrar dominio frente la población, además de ser una práctica común durante el conflicto armado, incrementando la discriminación contra mujeres y pueblos indígenas.

Así mismo, la JEP realizó un concepto el 25 de junio del 2018 en el cual reconoce que la violencia dentro del marco del conflicto armado tiene un impacto especial en las mujeres y población vulnerable debido a su condición de género y en consecuencia genera exclusión, discriminación e injusticias sociales respecto su comunidad. Por lo tanto, es importante establecer todas las herramientas jurídicas para garantizar el acceso a la justicia por las víctimas, en un ambiente seguro, donde se les brinde un acompañamiento integral, es decir, médico, económico y jurídico, con el fin de proteger todos sus derechos.

La JEP se encuentra positiva frente a los informes ya que en un reciente evento con la Organización Sisma Mujer, en la que se entregaron dos informes de violencia sexual que contemplan 72 casos de varias regiones del país, por primera vez las mujeres confían en un modelo de justicia y cuentan su historia con el fin de encontrar la verdad y ser reparadas de forma integral, además de confiar en que no existirá impunidad respecto sus casos.

Del mismo modo, es importante reconocer que la JEP esta trabajando con el fin de esclarecer las formas de violencia ejercidas contra la población LGBTI: En el 2018 se reconocían 2.200 victimas del conflicto armado y expresan que fueron de las más afectadas debido a su identidad de género y por no estar acordes a los estereotipos de género establecidos por la sociedad.

Por ende, con el proceso judicial y de esclarecimiento de la verdad que está desarrollando la JEP con las víctimas de violencia sexual del conflicto armado está cumpliendo su papel tanto con el país como con las víctimas, respetando los procedimientos y el Acuerdo Final de Paz de forma garantista.